Proyecto de Declaración de Meckievi sobre el cobro indebido del concepto “costo de gas importado”

tati_foto_criterio_online_2012_editEl Senador Alfredo Meckievi  presento en la fecha, un PROYECTO DE DECLARACION solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que realice las acciones que resulten necesarias ante el Poder Ejecutivo Nacional para que se deje sin efecto el cobro del concepto “Costo del Gas Importado” a los usuarios del servicio de gas domiciliario, establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 2067/08.

Foto Criterio Online.-

Se trata de un decreto inconstitucional porque crea un tributo y, el Poder Ejecutivo de la Nación no tiene esas facultades, ya que son propias del Poder Legislativo.

Además, no resulta justo ni equitativo que los usuarios terminen pagando errores de los gobernantes, ya que la necesidad de importar gas es producto de la falta de inversión del Estado Nacional y de las empresas concesionarias, en el sector.

PROYECTO DE DECLARACION

EL H. SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DECLARA que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial se dirija al Poder Ejecutivo Nacional, a fin de gestionar ante éste que deje sin efecto el cobro del concepto “Costo del Gas Importado” a los usuarios del servicio de gas domiciliario, establecido por el Dec. N° 2067/08, reglamentado por las Resoluciones N° 1451/08 del Ministerio de Planificación y la N° 563/08 del ENARGAS

FUNDAMENTOS

HONORABLE SENADO: El presente Proyecto de Declaración tiene por objeto hacer llegar al Poder Ejecutivo Nacional la expresión de la voluntad de los ciudadanos de la Provincia de buenos Aires, a fin de que se les deje de cobrar el concepto “Costo del Gas Importado” incluido en las facturas que se les emite por el servicio de distribución de ese fluido combustible.

Desde el año 2009 se debate en la justicia si se debe pagar el “Costo del Gas Importado”. En la ciudad de Rosario en el año 2009, la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC) presentó un recurso de amparo contra un Decreto del Poder Ejecutivo que creaba un tributo que contemplaba el pago del costo del gas importado. Medidas similares fueron realizadas por diferentes asociaciones de consumidores e individuos en distintas provincias.

Paralelamente, el Defensor del Pueblo de la Nación inició un expediente en la ciudad de Buenos Aires por el que prosperó una medida cautelar a la cual se hizo lugar y se suspendió el cobro de ese cargo a nivel nacional. Esto implica que los usuarios que quieran abstenerse de pagar ese cargo, pueden hacerlo sin que se les corte el suministro.

La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la medida cautelar y suspendió provisoriamente la aplicación del nuevo cuadro tarifario del servicio de gas, hasta tanto se resuelva sobre el fondo de la cuestión, esto es, si declara o no la nulidad de las resoluciones que fijaron los aumentos.

La Cámara revocó así el fallo de primera instancia que no hizo lugar a la cautelar, en el marco de la citada causa iniciada por el Defensor del Pueblo de la Nación, por la que pidió se declare la nulidad del Decreto 2067/08, de la resolución 1451/08 del Ministerio de Planificación y de la Resolución 563/08 de ENARGAS, normas que fijaron el nuevo cuadro tarifario.

En la resolución, el tribual dispuso “Revocar el pronunciamiento y por ende, conceder parcialmente la medida cautelas solicitada por el Defensor del Pueblo de la Nación, ordenando al Ente Regulador del Gas que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, instruya a los agentes de recaudación del cargo tarifario a que permitan que los usuarios afectados por los efectos propios del decreto 2067/08 y normas complementarias, puedan seguir pagando sus facturas de acuerdo con el régimen tarifario anterior al dictado de las normas impugnadas en la causa, con el carácter de pago a cuenta y, en el caso de la falta de pago del cargo por el costo de gas importado las empresas prestadoras se abstengan de suspender, interrumpir o cortar el servicio público de gas”

Esta resolución constituye un valioso instrumento de defensa de los derechos de los usuarios, pero la realidad indica que la información no ha sido suficiente ni efectiva, ya que muy pocos usuarios han concurrido a las oficinas comerciales de las empresas prestadoras del servicio de gas a los efectos de hacer uso de la opción de abonar solo el consumo efectuado más los impuestos correspondientes.-

En este sentido, hay que tener en cuenta que se trata de un decreto inconstitucional ya que crea un tributo cuando el Poder Ejecutivo de la Nación no tiene esas facultades, ya que son propias del Poder Legislativo.

Por otro lado, no resulta justo ni equitativo que los usuarios terminen pagando errores de los gobernantes, ya que la necesidad de importar gas es producto de la falta de inversión del Estado Nacional y de las empresas concesionarias, en el sector. Inversión que al no realizarse hace que se siga venteando el gas en nuestra Patagonia y que se deba comprar a Bolivia o traer en barcos de otros países a precios en muchos casos, excesivos para el mercado interno ya que están sujetos a los valores internacionales.-

Hay que considerar que hoy el gas importado representa cerca del 20% del consumo total del País y se estima que este año estas importaciones podrían demandar entre 5000 y 6000 millones de dólares: la cantidad de barcos contratados por Enarsa pasaría de 50 a 80 y los acuerdos con Bolivia estipulan aumentar en un 50% los envíos diarios del fluido. Además, el precio de ambos contratos sufrirá incrementos respecto de los valores pagados en 2011.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, se podría concluir que los usuarios seguiremos pagando el costo del gas importado por un lapso de tiempo prolongado y con aumentos. En este contexto es difícil proyectar hasta cuando deberemos seguir pagando los errores producto de la carencia de una política de estado en materia de energía.

Los ciudadanos no deben hacer frente con sus ingresos a los aumentos en las facturas de los servicios, por un costo que no representa aumento de su consumo, sino la importación del combustible por carencia de políticas públicas de inversión sostenidas en el tiempo.

Por tal motivo, creo necesario que más allá del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la cuestión de fondo, sería un acto de justicia que el Gobierno Nacional derogara las normas citadas que dieron origen al cobro a los usuarios, a mi entender indebido, del costo por gas importado.

Por lo precedentemente expuesto, solicito a los Señores Senadores que me acompañen en el presente Proyecto de Declaración con su voto favorable.-