Vacante en el cargo de FISCAL DE ESTADO - Poyecto de Declaración presentado por el Senador Meckievi

alfredo_2_meckievi_1_642x423En la fecha presenté un PROYECTO DE DECLARACION referido a la necesidad de cubrir la vacante en el cargo de FISCAL DE ESTADO ocurrida el 18 de julio del corriente como consecuencia de la muerte del Dr. Ricardo SZELAGOWSKI.

Es una institución esencial en el sistema de tutela de los intereses estatales y de control del regular funcionamiento de la actividad administrativa.

La propia Constitución Provincial establece el plazo máximo de 15 días para que el Poder Ejecutivo remita la propuesta al Senado de la Provincia que, al prestar o negar el acuerdo, debe controlar en primer lugar si el candidato reúne los requisitos constitucionales pero, al mismo tiempo, pondera la conveniencia y la oportunidad del nombramiento.

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PROYECTO DE DECLARACIÓN

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DECLARA que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial cumpla con el envío de la propuesta para ocupar la vacante de Fiscal de Estado resultante de la muerte del Doctor Ricardo Szelagowski ocurrida el pasado 18 de julio de corriente, conforme obligación resultante del apartado 1, del inciso 17 del artículo 144 la Constitución de la Provincia de Buenos Aires atento a que, se ha vencido los quince días de plazo que el artículo 146 de la referida norma impone para asegurar el normal funcionamiento de las instituciones en el ámbito de la Provincia.

FUNDAMENTOS

El reciente deceso del Dr. Ricardo Szelagowski ocurrido el pasado 18 de julio de corriente, quien ocupara el cargo de Fiscal de Estado desde 1987, determina la aplicación del artículo 146 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que, constituye una suerte de reglamentación del trámite del nombramiento para desempeñar los cargos enunciados en el apartado 1, del inciso 17 del artículo 144 (atribuciones del gobernador), estableciendo plazos y las formas para asegurar el normal funcionamiento de las instituciones en el ámbito de la Provincia.

Conforme establece taxativamente el artículo 146, “estando las Cámaras reunidas, la propuesta de funcionarios que requieren para su nombramiento el acuerdo del Senado o de la Cámara de Diputados, se hará dentro de los quince días de ocurrida la vacante, no pudiendo el Poder Ejecutivo insistir sobre un candidato rechazado por el Senado o la Cámara de Diputados en su caso, durante ese año. En el receso, la propuesta se hará dentro del mismo término, convocándose extraordinariamente, al efecto, a la cámara respectiva. …”

En concordancia con lo antes dicho, el artículo 82 de la referida norma, dentro de las competencias del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires establece, “presta su acuerdo a los nombramientos que debe hacer el Poder Ejecutivo con este requisito …. “.

Para la designación de ciertos funcionarios, la Constitución exige la concurrencia de voluntades entre el Gobernador y el Senado Provincial. El artículo antes mencionado, se refiere a una de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores como lo es el “acuerdo” que se requiere para la designación por parte del Poder Ejecutivo de determinados cargos.

El Senado, al prestar o negar el acuerdo, debe controlar en primer lugar si el candidato reúne los requisitos constitucionales pero, al mismo tiempo, pondera la conveniencia y la oportunidad del nombramiento.

Nos encontramos frente a una institución esencial en el sistema de tutela de los intereses estatales y de control del regular funcionamiento de la actividad administrativa, de hondo arraigo en el derecho público provincial, y que constituye un mecanismo idóneo para la adecuada protección de los intereses patrimoniales del Estado.

Su inserción en las Constitución Provincial obedeció al indudable propósito de proveer a la tutela de los derechos del Fisco comprometidos en causas judiciales, a instituir un control de legalidad respecto de la actividad de Poder Ejecutivo y demás órganos administrativos con facultades decisorias y, a afianzar el régimen republicano de gobierno en el ámbito provincial (que es un imperativo establecido en el artículo 5de la Carta Magna Federal), asegurando la sujeción plena del Estado al ordenamiento jurídico.

El aspecto más relevante de esta institución no aparece expresamente consignado en el texto de la Constitución. El Fiscal de Estado bonaerense, además de asumir el rol de representante natural de la Provincia en las causas judiciales en que ella es parte, está habilitado para deducir demanda ante la Suprema Corte local a efectos de impugnar los actos emanados del propio Poder Ejecutivo o de otros órganos administrativos con competencia para dictar

decisiones de carácter “definitivo” (en los términos de los artículos 1° y 28 inc. 1° del Cód. de Procedimiento de lo Contencioso-administrativo). Esta atribución singular que le otorga el ordenamiento jurídico bonaerense sirve para poner de resalto la especial significación institucional que tiene dicho funcionario de la Constitución y ya nos advierte que él no es un mero asesor del poder administrador ni un simple procurador judicial de la Provincia.

Ejerce un verdadero control de legalidad de los actos administrativos, velando para que estos últimos no se dicten en contradicción con las normas jurídicas vigentes en la Provincia. En ese orden de ideas, se ha sostenido con todo acierto que estamos en presencia de una institución vinculada estrechamente al principio de contralor recíproco de los poderes.

Desde la muerte del Dr. Szelagowski la estructura administrativa del Fiscal de Estado estuvo a cargo del Fiscal Adjunto. Dicho cargo y función resulta de la organización administrativa interna que el Fiscal de Estado tiene facultad de crear -conforme a la legislación que los rige- pero no tiene rango constitucional ni resulta de la Constitución Provincial que esté facultado para reemplazarlo o sustituirlo, sin por ello hacer -a priori juicio- de valor alguno por quien estuviera desempeñando dicha función.

Por todo lo expuesto y considerando que se ha vencido el plazo de 15 días que la constitución establece para el envío de la propuesta por parte del Poder Ejecutivo sin que se diera cumplimiento a la misma con la consecuente gravedad institucional que dicha omisión representa para el control de la legalidad de los actos de gobierno, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto el presente.