DIARIO COL

Histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia

corte-suprema_640x480Escribe FRANCISCO STEA
Estudiante de Derecho (UBA)

Otro día histórico y van… El 22 de mayo de 2012 será recordado por la mayoría de los argentinos como el “Día de la Libertad de Expresión”.

En un fallo sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación destrabó por unanimidad la última medida cautelar que beneficiaba al Monopolio Clarín con respecto a la aplicación de un artículo clave –el 161- de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La decisión, firmada por la totalidad de los magistrados, dispuso que las medidas cautelares son medidas jurisdiccionales precarias y no definitivas por lo que no pueden sustituir la decisión de fondo. Así, se estableció que a partir del 7 de diciembre de este año vence el plazo de la medida cautelar presentada por el grupo monopólico acusado de crímenes de lesa humanidad. A partir de esa fecha comenzará a estar en plena vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios, por lo que el plazo de desinversión de un año comenzará a correr desde ese día, teniendo tiempo hasta el 7 de diciembre de 2013 para adecuarse a la normativa vigente.

Cabe recordar que el Holding cuenta con más de 306 licencias y la norma sólo establece un máximo de 24, por lo que deberá comenzar a desprenderse de las licencias para poder cumplir con la norma votada por aplastantes mayorías en el Congreso.

Asimismo, es de una importancia superlativa aclarar que la Corte además sostuvo que el artículo 161 no vulnera la libertad de expresión; dejando como antecedente este concepto para una futura decisión acerca de la constitucionalidad del mismo.

Este precedente pone de manifiesto lo que siempre sostuvieron diversos funcionarios nacionales y constitucionalistas destacados: que no puede vulnerarse la voluntad de las mayorías legislativas con medidas cautelares express, reafirmando el principio de que los jueces no deben gobernar, sino que sólo deben actuar en cuestiones de ilegalidad y arbitrariedad de las normas, pero no en los casos de oportunidad, mérito o conveniencia.

Pero creo que, en definitiva, lo que molestó es que siempre fuimos adelante con la verdad. Y más allá de esa verdad discursiva, también contamos con la otra verdad, la de los hechos.

¿Y porqué digo esto? La Presidenta de la Nación perdió muchísimas votaciones cuando era legisladora nacional. Le tocó perder en la sanción de los superpoderes de Cavallo. También le tocó perder en la sanción de la primera Reforma Laboral- la de Erman González-, para después también perder en la sanción de la segunda Reforma Laboral, un poco más bochornosa: la de la BANELCO. Y también le tocó perder en la sanción de la derogación del delito de subversión económica. Pero nunca, NUNCA  fue a ver a un juez para que le diera los votos que no había podido conseguir en el recinto. Porque cree en serio en la división de los poderes.

No se llena la boca hablando de la República y la división de los poderes, y luego vemos a legisladores de la oposición que como no cuentan con los votos en el recinto del Congreso, van y buscan jueces, y encuentran… Esos jueces que, según la Argentina mediática, maneja el Gobierno.

Tenemos que dejar de lado de una vez por todas esa doctrina reciente denominada “derecho cautelar”, donde por cualquier cuestión se traban medidas cautelares en cuestión de horas, y a veces de minutos. Las medidas cautelares son excepcionalísimas y no pueden ser utilizadas en contra de la decisión de las mayorías parlamentarias, que en definitiva son las mayorías que eligió el Pueblo.

Nunca en la historia judicial de la Argentina se vio tanto “fórum shopping” en los pasillos de los tribunales. Esa práctica procesal de la más baja estofa en donde se pretende elegir el juzgado en donde se cree que se va a correr con mejor suerte.

En mi humilde opinión y en coincidencia con diversos constitucionalistas y funcionarios que pretenden una reforma de la Carta Magna, creo que es hora de analizar el sistema de control de constitucionalidad difuso, en donde cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de  una norma. Creo que es más efectivo y contundente el sistema de control concentrado, con la guía de un Tribunal Constitucional; sistema presente en varios países del Common Law y de otros tantos de origen continental como Francia.

Debemos evitar por sobre todas las cosas la judicialización de la política. El grado de judicialización alcanzado no puede seguir desnaturalizando las facultades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo.

Los jueces controlan, pero no gobiernan. En definitiva, los jueces no pueden decir cómo se va gobernar la Argentina, sino simplemente controlar que las leyes no vulneren ningún derecho constitucional o derecho adquirido. Es hora que se juzgue en función de los intereses de los ciudadanos y no en función de los intereses de las corporaciones. Porque son malas, pero no porque haya hombres malos en las corporaciones, sino por la propia dinámica corporativa que tiende a representar intereses sectoriales que, muchas veces- para no decir siempre- van en contra de los intereses sociales, de los intereses de todos.

El doble standard jurídico le hace muy mal al sistema democrático. No puede existir una justicia para los argentinos y otra para el Sr. Magnetto.

Contamos con la Corte Suprema de Justicia más independiente que se recuerde en toda la historia de la República Argentina. No hay Corte más independiente del Gobierno que esta Corte. Pero necesitamos también una justicia que sea independiente del resto de los poderes políticos y fundamentalmente de los poderes económicos concentrados.

Parafraseando a Eva Perón, me parece que ellos ya hablaron demasiado. Es hora que la historia la cuente el Pueblo.



Francisco Stea

DNI 32.867.051

Estudiante de Derecho (UBA)