La Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley donde se establece el pago de una compensación económica para los trabajadores de la Administración Pública de la ciudad con discapacidad motriz que no pueden viajar en el transporte público de pasajeros.
El proyecto de ley fue presentado por la defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alicia Pierini, el 2 de marzo del corriente año, para luego alcanzar un consenso general entre los diferentes bloques de la Legislatura.
El texto de la ley aprobada expresa: “Los trabajadores con discapacidad certificada por autoridad competente, que se vean imposibilitados de movilizarse en transporte público de pasajeros, tienen derecho a la percepción de una compensación en carácter de viáticos por los días trabajados, o a utilizar los servicios que ofreciere la administración".
En los fundamentos del proyecto de ley, la doctora Pierini señalaba que “las condiciones en que las personas con discapacidad ejercen sus derechos y obligaciones entrañan dificultades que, si bien no surgen exclusivamente de la misma discapacidad, si devienen de un entorno en el que juega un rol principalísimo la responsabilidad de toda una sociedad que, a través de sus diferentes estamentos, debe facilitar su accionar”.
Asimismo se tuvo en cuenta que los nuevos paradigmas en el abordaje de los problemas de las personas con discapacidad se fundamentan en su inclusión e integración social, lo cual se realiza naturalmente a través del trabajo o el estudio. Por ello es necesario aliviarles los gastos en el transporte y ese ha sido el motivo del proyecto finalmente aprobado como Ley 4236.
El texto de la ley aprobada expresa: “Los trabajadores con discapacidad certificada por autoridad competente, que se vean imposibilitados de movilizarse en transporte público de pasajeros, tienen derecho a la percepción de una compensación en carácter de viáticos por los días trabajados, o a utilizar los servicios que ofreciere la administración".
En los fundamentos del proyecto de ley, la doctora Pierini señalaba que “las condiciones en que las personas con discapacidad ejercen sus derechos y obligaciones entrañan dificultades que, si bien no surgen exclusivamente de la misma discapacidad, si devienen de un entorno en el que juega un rol principalísimo la responsabilidad de toda una sociedad que, a través de sus diferentes estamentos, debe facilitar su accionar”.
Asimismo se tuvo en cuenta que los nuevos paradigmas en el abordaje de los problemas de las personas con discapacidad se fundamentan en su inclusión e integración social, lo cual se realiza naturalmente a través del trabajo o el estudio. Por ello es necesario aliviarles los gastos en el transporte y ese ha sido el motivo del proyecto finalmente aprobado como Ley 4236.
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